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📰 Esto es lo que cubrimos esta semana:
El decreto 0991 de Colombia puede hacer que las apps paguen 7 veces lo que el repartidor gana.
En Quito se empiezan a registrar los repartidores de las cinco apps.
El decreto 0991 de Colombia puede hacer que las apps paguen 7 veces lo que el repartidor gana
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La noticia en 10 segundos
El 13 de agosto, Alianza In (gremio de apps en Colombia) publicó las cifras que podría dejar el Decreto 0991. Sostiene que el costo de seguridad social está desproporcionado y que sube más de 200% para los repartidores de menor ingreso.
El ejemplo del gremio: un repartidor que hace una sola entrega en el mes y obtiene 10,000 pesos le genera a la plataforma una obligación de cerca de 76,000 pesos, solamente por riesgos laborales.
La escala: cerca de 625,000 repartidores entregaron al menos una orden durante un año a través de plataformas en Colombia.
Cubrimos el Decreto 0991 de Colombia hace unas semanas, recién firmado por el gobierno de Gustavo Petro a tres días de entregar el poder. Este 13 de agosto, Alianza In —el gremio que agrupa a Rappi, DiDi Food y las demás plataformas del país— publicó un análisis de las matemáticas de ese decreto.
Un repartidor que hace una sola entrega en todo el mes y por esta se lleva solo 10,000 pesos de ganancia le genera a la plataforma una obligación de cerca de 76,000 pesos, solamente en riesgos laborales. Siete veces y media lo que ganó quien hizo el viaje.
El aporte por riesgos laborales está mal estipulado
Riesgos laborales es el seguro que cubre al repartidor si se accidenta trabajando: atención médica, incapacidad, pensión de invalidez. En Colombia lo paga siempre quien contrata, nunca el trabajador, y el decreto mantiene esa lógica cargándoselo completo a la plataforma. En el caso de repartidores en moto, se calcula con un 4.35% sobre la base de cotización, que es el 40% de lo que el repartidor facturó.
Así queda el mes de un repartidor que facturó cinco millones de pesos:
El problema se da cuando la remuneración del repartidor es menor a un salario mínimo. Salud y pensión bajan con él: el decreto aproxima esa base por cuartos de salario mínimo, así que quien recibió hasta un cuarto cotiza sobre un cuarto y se le acredita una semana de pensión, quien llegó a la mitad cotiza sobre la mitad y se le acreditan dos, y así hasta el mínimo completo.
Pero riesgos laborales no sigue el mismo concepto. Ahí se fijó un piso de un salario mínimo entero, que en 2026 son 1,750,905 pesos, y se cobra sin importar el verdadero monto que generó el repartidor.
Y ahí está el problema, porque la base de cómo funcionan estas aplicaciones de gig economy es que uno puede salir a repartir en su tiempo muerto o simplemente no dedicarle tiempo completo a ese rol. Si en todos los casos la app debe pagar siempre el mismo valor de riesgos laborales, la app puede empezar a restringir ese tipo de repartidores.
Cuántos repartidores colombianos entran en ese caso —los que hacen unos pocos pedidos al mes— es el número que me gustaría saber, pero nadie lo publica. Alianza In cuenta 625,000 personas que entregaron al menos una orden en el año, sin decir cuántas hicieron solo esa. Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, responde que hoy más de 440,000 repartidores tienen acceso a seguridad social. Solo las apps saben cuánto les costará esto, y cada una deberá plantearse qué estrategia usar para afrontar el gasto: restringir ese uso limitado de los repartidores o la vieja confiable de traspasarle el costo al consumidor final.
Fuente: El Colombiano · El Tiempo · Portafolio
En Quito se empiezan a registrar los repartidores de las cinco apps.
EC
La noticia en 10 segundos
El 13 de agosto el Municipio de Quito y la CITEC firmaron con PedidosYa, Uber Eats, inDrive, Rappi y Volt Delivery el Registro Único Digital del Servicio de Delivery.
Es voluntario y gratuito. Pide cédula, licencia, contacto, las plataformas donde trabaja y hasta cinco placas, y entrega una credencial QR virtual que administra la Agencia Metropolitana de Tránsito.
Al 21 de agosto llevaba 2,346 inscritos, y las asociaciones de repartidores reclaman que el acuerdo se firmó sin ellas.
Hace unas semanas, tras tres mesas técnicas con la Secretaría de Seguridad, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía, el municipio firmó con cinco plataformas que compiten entre sí —PedidosYa, Uber Eats, inDrive, Rappi y Volt Delivery— el Registro Único Digital del Servicio de Delivery. El repartidor entrega cédula, licencia, contacto, las apps donde trabaja y hasta cinco placas. A cambio recibe un QR virtual con los datos clasificados como reservados y verificables por los Agentes Civiles de Tránsito en los controles.
Lo que las plataformas pusieron sobre la mesa
El registro es la parte visible del convenio. Adentro hay algo más grande: las plataformas se comprometieron a compartir información confidencial con el municipio, mapas de calor incluidos, para control del tránsito y del espacio público.
La CITEC, que firmó el convenio junto a las plataformas, es la cámara de tecnología del sector. Su directora ejecutiva, Sofía Merino, defendió el registro por el precio: arranca de inmediato y la ciudad no pone un dólar en él. Ese es el atractivo para un municipio que lleva dos años sin sacar la ordenanza del tema.
Israel Coronel, gerente general de Volt Delivery —la única ecuatoriana del grupo, sentada a firmar junto a Uber y Rappi—, puso la razón que las plataformas dan en público: sus repartidores también vienen siendo víctimas.
Los repartidores se enteraron por la prensa
Dos asociaciones, Asoconappe y DeLey, salieron a decir que el acuerdo se cocinó sin ellas. Asistieron a una reunión, pidieron el texto completo y les contestaron que primero había que coordinar con las otras instituciones. Arturo Torres, presidente de DeLey, habla de decisiones tomadas en mesas cerradas.
Piden el documento, una mesa tripartita con los repartidores organizados, protección de datos y garantías de que el registro voluntario no termine siendo obligatorio en la práctica. DeLey agrupa a unos 300 repartidores, una fracción del universo que va a quedar inscrito.
Al 21 de agosto había 2,346 registrados. El conteo municipal de junio hablaba de más de 10,000 repartidores en Quito y unos 53,000 en el país; las asociaciones estiman 8,000 solo en las plataformas grandes de la capital. Con el número más generoso, va inscrito uno de cada cuatro en la primera semana.
La ordenanza que convertiría el registro en norma municipal lleva estancada desde su primer debate del 9 de julio de 2024, con la comisión de movilidad cargando más de veinte ordenanzas represadas.
Fuente: Extra · Expreso · El Comercio
Takeaways de la semana
1. El costo de poner a alguien en la calle se está fijando en oficinas públicas. Colombia por la vía del aporte, Quito por la vía de la identidad. Si armas tu costo por envío con repartidores de plataforma, dos de sus variables se escriben en mesas donde no estás.
2. Un aporte que no baja con las horas trabajadas cambia a quién le conviene tener conectado. El repartidor ocasional, que es la base sobre la que se construyó el modelo, es el primero que deja de salir a cuenta.
3. Las dos medidas están firmadas y ninguna está operando. El decreto colombiano espera que el Ministerio de Salud certifique sus sistemas y el registro quiteño lleva una cuarta parte de la base inscrita. El papel va meses adelante de la calle.
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